El Poder Ejecutivo presentó en la Legislatura un proyecto de Ley mediante el cual se lo autoriza a adoptar medidas ante la situación de emergencia económica, financiera y fiscal declarada mediante la Ley Provincial Nº 5.429, agravada por COVID-19
El proyecto de ley presentado prevé la autorización específica al Poder Ejecutivo para que, luego de una evaluación y análisis de la deuda pública provincial, pueda proceder a encarar un proceso de administración de sus pasivos financieros acudiendo a las opciones más convenientes. Entre ellas se destacan la posibilidad de refinanciar, renegociar, modificar los términos y condiciones, reestructurar y/o realizar operaciones de canje de la totalidad o parte de su deuda pública, que se encuentren en circulación a la fecha.
Por otro lado, el proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir los convenios y acuerdos necesarios en el marco del “Programa para la Emergencia Financiera Provincial” creado por el Decreto Nº 352/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, a ejecutarse a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial con el fin de sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia generada por el “Covid-19”.
Cabe recordar que como consecuencia del COVID-19, se declaró la emergencia sanitaria a nivel Nacional mediante la Ley Nº 27.541 y ampliada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 y Provincial mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, actual Ley Nº 5.436.
No obstante la necesidad de las medidas adoptadas oportunamente en el marco de la pandemia, las mismas provocaron una fuerte caída del nivel de actividad económica nacional y provincial, ya que la principal medida de contención de la propagación de la enfermedad fue la disposición de aislamiento social, preventivo y obligatorio por parte del Estado.
Las medidas sanitarias tuvieron un fuerte impacto negativo en las cuentas fiscales provinciales, producto de la abrupta desaceleración del nivel de actividad, provocando una caída imprevisible en la recaudación fiscal propia, la derivada de la Coparticipación Federal de Impuestos y también la de las regalías de la actividad hidrocarburífera, disminuyendo los ingresos provinciales por la caída del precio del petróleo y de su consumo. Asimismo, por la gravedad de la pandemia se ha ido incrementando el nivel de gastos en salud, seguridad, sociales y demás áreas relacionadas con la contención de la enfermedad y en programas para aliviar el impacto económico negativo a las MIPyMEs locales, tanto con la suspensión de vencimientos de cuotas como el acceso a créditos a tasas cero. Ello ha derivado en el deterioro de las cuentas fiscales.
En esta situación, en la cual es necesario atender a las consecuencias socio-económicas que se manifiestan en este contexto, es necesaria la adopción de medidas de carácter urgente para superar el estado de emergencia, a efectos de asegurar el normal funcionamiento de los servicios que presta el Estado provincial y hacer frente a sus obligaciones.
